19 marzo Nacionales

Mujeres dominicanas exigen despenalizar aborto y advierten de costo político

Santo Domingo. Organizaciones, instituciones e instancias integrantes de la “Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres” y el “Foro Magaly”, en alianza con otros espacios activos de la sociedad dominicana en torno a los derechos de las mujeres, reclamaron su derecho a estar “vivas, libres, seguras y con plenos derechos”.

Mediante la caminata denominada “Suma Tu Poder”, los manifestantes denunciaron que, a más de dos años, de la instalación en el poder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos han tenido una actitud de complicidad ante las embestidas del conservadurismo contra los derechos de las mujeres y las niñas.

“Al conmemorarse un nuevo 8 de marzo, fecha en que honramos a mujeres, que en distintos momentos de la historia y diversos lugares del mundo, lucharon por sus derechos laborales, contra el racismo, el sexismo y por una sociedad más igualitaria, desde la República Dominicana, elevamos nuestras voces y levantamos nuestras banderas de lucha por una sociedad sin desigualdades de género, clase, raza, nacionalidad u orientación sexual y por un mundo en donde las mujeres gocemos de plenos derechos ciudadanos”, afirmaron las representantes de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres.

En este sentido, aseguraron la existencia de un patrón de ataques sistemáticos a las conquistas logradas y la obstrucción del camino hacia nuevos logros en cuestiones de derechos fundamentales, como la salud, la educación y la paridad.

Ante esta situación se refirieron a la aprobación en el Senado de un Código Penal al vapor, que mantiene la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo calificándola como una sentencia de muerte para miles de mujeres, jóvenes y niñas en los campos y en los barrios más empobrecidos, que verán negada la posibilidad de atención médica ante un embarazo que pone en riesgo sus vidas.

Asimismo, afirmaron que negar el derecho a la educación en igualdad es una de las múltiples expresiones de la negación de derechos y la resistencia a una cultura de igualdad lo constituye la derogación por parte del Ministro de Educación Ángel Hernández de la Orden Departamental no. 33-19, que establecía como prioridad la implementación de una política de igualdad de género en el sistema educativo preuniversitario.

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